Vicerrectoría General
Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
2.2.2.1.4 LAS INSTITUCIONES
Aunque el concepto de institución es más amplio, en primera instancia se hace referencia a lo que en el lenguaje cotidiano se entiende por instituciones: estamentos oficiales que prestan servicios a la población. En este sentido el diagnostico se orienta a la evaluación de pertinencia, función y desempeño del aparato estatal, o en otros términos a lo que también se denomina la oferta institucional. En el nivel municipal estaremos hablando de la alcaldía y todas sus dependencias, del Concejo Municipal, de las oficinas del nivel departamental y nacional que hacen presencia en el municipio. En particular se estará considerando el sistema educativo, el sistema de salud y bienestar social, la atención al medio ambiente, a la cultura y a la organización social, el apoyo a la economía local y a la transferencia de tecnología, los servicios básicos domiciliarios y la seguridad.
Es este un factor de mucha importancia real o imaginaria para la población. El nivel de dependencia que la comunidad tiene de lo estatal, lo convierten en un impulsor o en un freno para el desarrollo. Funciones como la planeación, la ejecución, la asignación de recursos, están en manos del estado; a pesar de las intenciones de desarrollar procesos más participativos, aun no se ven resultados. Entre los aspectos mas criticados están la descoordinación interinstitucional, la ausencia de un trabajo por resultados, la politiquería, le discontinuidad de procesos y proyectos, la priorización y asignación arbitraria de recursos, el desinterés por el desarrollo y crecimiento económicos y el poco liderazgo sobre procesos socialmente sostenibles.
Se trata de evaluar la acción del estado, pero también la viabilidad de promover una nueva institucionalidad, entendida ésta como unas nuevas relaciones, nuevas conductas, nuevos roles y nuevas metodologías. De construir una cultura de cooperación, de conocimiento del otro, de reconocimiento del papel protagónico que tiene la institucionalidad local; de adelantar un trabajo integrado y coordinado en búsqueda de objetivos comunes. De fomentar una cultura de reconocimiento al trabajo ajeno, de respeto por los procesos y la cultura locales; una cultura de compromiso con los resultados. De priorizar una estrategia de formación de capital humano que den al desarrollo posibilidades reales de sostenibilidad social, económica y política. Una cultura que permita hacer del desarrollo una causa común y capitalizar el valor agregado que ofrece el trabajo cooperado: las interacciones producen sinergias, se focaliza la acción y se puede dar continuidad a los procesos.
En ese contexto el profesional extensionista es no solo un transferidor, sino un capacitador, acompañante, promotor, asesor y gestor. El investigador no solo un científico preocupado por el desarrollo tecnológico, sino alguien contextualizado en las distintas dimensiones de la realidad (dimensión social, económica, política, económica, y ambiental), preocupado por la búsqueda de soluciones viables. El funcionario no solo un prestador de servicios, sino un aliado con responsabilidad social.
El ciudadano será considerado no como el “objeto receptor” de servicios, sino como un sujeto actuante, proactivo, contextualizado, responsable de si mismo y corresponsable del futuro de su comunidad. El individuo debe capacitarse para actuar; esto es desarrollar competencias que le permitan definir sus objetivos, conocer, interpretar y evaluar su realidad (su situación y su entorno), proponer y ejecutar soluciones.
La tecnología se presentará al productor como una opción, que le ofrece la posibilidad de mejorar su sistema económico: que le incrementa la productividad, le facilita la gestión, le abre oportunidades, le permite usar mejor sus recursos, le genera ventajas comparativas, etc.; en fin, le da respuesta a sus necesidades, motivaciones o intereses.
