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| VIOLENCIA |  |
Colombia lleva aproximadamente 15 años siendo centro de atención ante la opinión pública y la Comunidad internacional. Los atentados, secuestros, torturas, masacres, amenazas, apropiaciones y exilios forzosas han transcurrido frente a los ojos de la impunidad, en medio del desangre inaudito de miles de familias indígenas y campesinas. Conforme pasa el tiempo la situación se hace más compleja, en la medida en que cada vez son más los sectores que intervienen en el conflicto armado y mayores los intereses particulares. Mientras tanto ¿Quién o quienes han hecho algo por defender los intereses de la población civil, que sólo reclama el derecho a la vida?
Antecedentes y estado Actual
En Colombia, más de la mitad de los municipios del país se encuentran en manos de la guerrilla y los paramilitares. No tiene sentido hacer un inventario de las muertes que ha ocasionado la violencia hasta nuestro días, mientras sepamos que el componente activo permanece arraigado y latente, bastante lejos de ser anulado.
Noam Chomsky, analista norteamericano, expresó durante una entrevista: "El problema principal en Colombia, como lo ha sido durante largo tiempo, es una situación muy represiva en lo político y socioeconómico". No es sencillamente un frase de opinión. Probablemente es el móvil real del conflicto que vive actualmente el país. La represión que vivió el partido liberal al intentar surgir como movimiento a mediados del siglo XIX, la que obstaculizó los ideales de Gorge Eliécer Gaitán, la que acalló a los líderes del partido independiente Unión Patriótica y la misma que surgió frente a los primeros focos de insurgencia. Las consecuencias, en cualquiera de los eventos mencionados, es un cuadro asfixiante de sangre y dolor.
La represión no es la etiqueta de ningún sistema de gobierno en particular. En la medida en que persiste esa represión frente a cualquier elemento facultado para competir, surge una guerra que se prolonga y se complica ante la ausencia de soluciones o cambios. En Colombia se ha dado durante décadas una represión silenciosa por parte de quienes han tenido el poder, pero adicionalmente se dieron dos eventos que al combinarse ocasionaron la crisis actual: Los grupos subversivos surgieron en la década de los 50 y 60 en Colombia, siguiendo como en muchos países, el ejemplo idealista del Che Guevara. Los cultivos ilícitos se fortalecieron a comienzos de los 70, como una alternativa altamente lucrativa que finalmente daría lugar al narcotráfico.
Inicialmente guerrilla y narcotráfico operaban por aparte, aunque se desarrollaban en el mismo escenario rural del país. La muerte del máximo narcotraficante Pablo Escobar y el desmantelamiento del Cartel de Medellín, fue la luz verde para que la guerrilla ampliara su rango de acción abasteciendo la demanda de drogas como cocaína, marihuana y heroína. Por otra parte, un exmiembro del Ejército Popular de Liberación, Gilberto Rodríguez Orejuela, dirigía el Cartel de Cali.
Un tercer elemento apareció en el panorama cuando surgieron las Autodefensas Campesinas o paramilitares, cuyos primeros miembros fueron muy probablemente desertores de las FARC e informantes del Ejército, apoyados por ganaderos y terratenientes. Actualmente dirigidas por Carlos Castaño, protagonizan una guerra a muerte contra la subversión.
El conflicto armado que actualmente azota al país no ha cobrado importancia a nivel internacional sólo porque involucra al narcotráfico. Colombia probablemente no es el país más violento del mundo pero sí donde más se violan los derechos humanos.
Conversaciones de Paz
El 8 de enero de 1999 se dio una histórica reunión entre el presidente colombiano, Andrés Pastrana, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda, en un acto que prometía el comienzo del proceso real de negociación de paz entre representantes gubernamentales y guerrilleros. Con el ELN se rompen negociaciones en febrero, y se desvanecen las posibilidades de continuar con el proceso.
Hacia agosto los diálogos de paz comenzaban a resultar improductivos, mientras las FARC continuaban aterrorizando a la población civil, alegando que mientras las autodefensas permanecieran en actitud de guerra no podían dar concesiones. Desde la fecha hasta la actualidad, se han congelado las negociaciones y reintentado el proceso, sin señales positivas para el cierre del conflicto guerrilla-ejército.
Los llamados "diálogos" han resultado en la ridiculización de las metas planteadas, como desarmar zonas estratégicas y firmar la paz. En ningún período de la historia del país, como el período 1999-2001se ha presentado tanta movilización de campesinos que temen por su seguridad y que no tienen absolutamente ninguna opción de subsistencia. En otros casos la única alternativa es la práctica de cultivos ilícitos
La actitud de los frentes guerrilleros, lejos de pretender el fin de la guerra, sugiere que se han acostumbrado a su modo de vida, financiado por un cómodo negocio de secuestros y vacunas, y por una apropiación descarada de bienes públicos abandonados por la población desplazada. Tras largos años de permanencia en los paisajes montañosos del país, han cometido tantos crímenes y atropellos cuya gravedad pone a tela de juicio hasta qué punto pueden ser eximidos de culpa luego de una rendición, que es difícil concebir su retorno a los cascos urbanos. Los compromisos efectuados durante los últimos meses entre el gobierno y las FARC, garantizan un intercambio de combatientes retenidos, señal de una reorganización y renovación de los frentes, que para la opinión pública es interpretada como una "señal de paz".
Episodios como el secuestro de un avión con todos sus pasajeros por parte del ELN para obligar al gobierno a proporcionar una zona de distensión, sólo son ejemplo de burla a las espectativas de paz , y un firme irrespeto a la comunidad nacional e internacional. Las Autodefensas, por su parte, rechazan cualquier posibilidad de desintegrar su andamiaje de combate. Es el grupo con mayores acusaciones por parte de los civiles, de violar el Derecho Internacional Humanitario. Su lucha, sanguinaria y macabra, no discrimina entre guerrilleros y campesinos. Criminales, homicidas y delincuentes que se esconden tras un uniforme y un ideal de poca, por no decir ninguna credibilidad.
El quinto componente (mencionamos a la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo y el ejército) que aún no ha entrado de lleno en la problemática nacional, pero que causa malestar en varios círculos de opinión, es Estado Unidos. Aunque en numerosas ocasiones ha descartado cualquier plan de intervención militar, el sector civil en general considera que el Plan Colombia es solo una estrategia para financiar la guerra, lejos de solucionar el problema del narcotráfico. La llegada del presidente Bill Clinton al país, terminó en manifestaciones por parte de la Universidad Nacional de Colombia (durante las cuales lastimosamente fue asesinado un cabo de la policía), fundamentadas en que no puede invertirse en la guerra, o en la erradicación de los cultivos ilícitos, mientras las necesidades básicas que tocan a las clases más desfavorecidas son dejadas de lado, como la falta de centros de salud o la necesidad de vivienda de millones de personas. El Plan Colombia no es una ayuda "desintersada" por parte de los Estados Unidos, y por la misma razón representa un arma de doble filo.
En resumen, el proceso de pacificación entre gobierno y guerrilla presenta una estructura bastante compleja. Hay elementos externos a los protagonistas del proceso, que son fuertes obstáculos y que necesariamente deben ser tenidos en cuenta, como el narcotráfico, la opinión pública, las Autodefensas, y en general, el estado socioeconómico del país, además de los intereses de Norteamérica en el conflicto.
El Derecho Internacional Humanitario surge en los reglamentos de La Haya en 1899 y 1907 y en los Convenios de Ginebra de 1949, con el fin de minimizar los daños que pueda ocasionar la guerra sobre la población civil y sobre los combatientes que han sido heridos o capturados. En el caso de Colombia, sólo es aplicable el Artículo 3, el cual se refiere únicamente a los conflictos armados internos. A los Convenios de Ginebra, adoptados en 1977, se adicionaron los Protocolos I y II, de los cuales el Protocolo II trata fundamentalmente sobre las diversas circunstancias que se presentan en los conflictos armados internos. Ambos protocolos fueron adoptados en Colombia hacia la década de los noventa.
Aunque se supone que los países firmantes se comprometen a velar por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y a que el ejército Nacional sea la primera parte combatiente que acoge sus reglamentos, lo que han detectado en Colombia las comisiones del DIH es un amplio desconocimiento, en la población civil de zonas de conflicto y en las brigadas de ejército, de las reglas mínimas humanitarias. La guerrilla y los paramilitares alegan, por su parte, que no pueden acoger el DIH porque no participaron en la negociación del Protocolo II y porque dichas reglas deben ser "modificadas" de cierto modo para el caso específico del país. Debe tenerse en cuente que a la Conferencia de implementación del Protocolo II asistieron 11 grupos subversivos de diferentes países del mundo.
El DIH se ha convertido en Colombia, en un medio de manipulación por parte de las partes en conflicto. El ejército "califica casi todas las actividades de la guerrilla de violaciones del derecho internacional humanitario, con la intención aparente de dañarlas públicamente y obtener simpatizantes". Por otra parte, las comisiones de Human Rights Watch "han recibido informes creíbles que indican que las partes en conflicto han cometido deliberadamente atrocidades que no les son propias para implicar a sus enemigos".
La visión general, por tanto, que tiene la comunidad Internacional sobre la posición de Ejército, la guerrilla y las AUC (Autodefensas de Colombia), es que no existe ninguna voluntad clara de paz, ni siquiera de hacer una guerra menos riesgosa para la población civil. Los siguientes son algunos casos en los que se aplica el Derecho Internacional Humanitario:
Colombia ha firmado numerosos convenios que la comprometen a hacer cumplir el DIH (Como el Tratado sobre la Prohibición de las Minas en 1997). El gran error del Gobierno consiste en que no tiene sentido acoger convenios internacionales si no se trasciende más allá del papel. No existen penalizaciones fuertes para quienes incurren en violaciones del DIH, no se ha dado conocimiento a la comunidad civil sobre sus derechos fundamentales, y tampoco hay seguimiento ni castigo ejemplar para personas del Ejército Nacional que cometan violaciones de este tipo.
Existe un instrumento internacional que puede ser facultado, en última instancia, para imponer responsabilidad penal individual por graves violaciones del Artículo 3 Común, por violar ciertos principios y normas fundamentales relativos a los métodos de combate en el conflicto civil. El Tribunal Penal Internacional ya ha actuado en la antígua Yugoslavia y en Ruanda para procesar a personas por crímenes como asesinatos o torturas.
